El pasado 8 de noviembre se cumplieron siete años de una de las noches más largas y represivas para el pueblo saharaui: el
desmantelamiento del campamento político y social del Gdeim Izik. Fuerzas marroquíes entraron a sangre y fuego en el también conocido como
campamento de la Dignidad’ a 14 kilómetros de El Aaiún, una de las formas de resistencia frente a la ocupación marroquí. Cientos de saharauis fueron
detenidos, maltratados y torturados
durante el desalojo. En las semanas posteriores continuó la violencia
con detenciones selectivas y arbitrarias. Todavía, a día de hoy, siguen
20 activistas saharauis en prisión con condenas de más de 25 años.
El Parlamento Europeo acogió la semana pasada unas
jornadas en las que se han expuesto los casos de los 20 presos así como las diferentes
violaciones de Derechos Humanos durante
sus procesos judiciales y en sus estancias en las cárceles marroquíes.
Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, ha presentado las
jornadas que han contado con especialistas de diferentes campos y que
han explicado, de primera mano, qué ocurrió en el Gdeim Izik.
"No hay más alternativa que la autodeterminación”,
gritaban las familias saharauis en el campamento reclamando la lucha por
la liberación del pueblo y la violencia de Marruecos. Sin embargo,
aunque se lleva años denunciando la represión y la violación de derechos
parece que nada, o que muy poco, ha cambiado. Uno de los motivos quizás
sea el que explica Hassanna Aalia: “El
bloqueo informativo que
Marruecos ejerce hace que no se pueda documentar lo que ocurre en la
zona ocupada”. Ante esto, 69 observadores internacionales de 9
nacionalidades distintas han visitado Marruecos para conocer cuál era la
realidad.
¿Por qué presos políticos?
Rosario García Díaz, directora de la Fundación Sáhara
Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los
especialistas y observadores. El principal reclamo está bien claro: la
liberación de los presos políticos del Gdeim Izik.
Según los observadores, los 20 detenidos deben ser
liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos políticos: "Si
dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldrían. Las detenciones
ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron
detenidos antes del desalojo. No están ahí al azar. No son criminales,
son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la
organización del campamento”, explica la directora. Y no solo las
detenciones lo demuestran, también los procesos judiciales por los que
fueron finalmente
condenados el pasado julio.
Juicios civiles y militares
Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados,
Ashmad Farik desde hace más de tres años. Desde entonces, solo se ha
podido reunir una vez con él, entre la policía marroquí. “Los juicios
han sido una completa farsa”, denuncia la abogada. Explica que durante
el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia
cierta el número de supuestos policías asesinados por los que son acusados, de hecho, no se sabe ni donde están esos cuerpos.
Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones
de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberían
contar para juicio.
Los observadores internacionales denuncian que los juicios “han sido una completa farsa”
Ana
Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni
siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policías
militares que dicen que fueron asesinados. Meses después, aparecieron
nueve informes de “mal-autopsias” señala la forense: “No hicieron
primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografías
para documentar. No existen datos del levantamiento de cadáveres por lo
que no hay indicios ni pruebas. Hay muchas incongruencias: firma
de médicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la
muerte, la causa de ella o la fecha”.
Estas son sólo algunas de las denuncias de las
expertas, algunas de las que también se recogen en el informe de los
observadores y en el que coinciden en la falta de garantías procesales y
en la vulneración del derecho internacional durante todos los juicios.
Jornadas “Violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental” / Izquierda Unida
Torturas y detenciones incomunicadas
Mientras no llega la liberación, tienen claro el
otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las
cárceles marroquíes. Los detenidos han estado en huelga de hambre en varias ocasiones como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos están en estado de salud gravísimos por
el largo tiempo que llevan en esta condición, explica el abogado y
miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España,
Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria.
Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera
reciben los medicamentos necesarios.
Los detenidos están dispersos en siete cárceles, algunas a 1.000 km de sus casas y en condiciones ‘infrahumanas’
Respecto
a las cárceles, los detenidos están dispersos por siete prisiones
distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilómetros de distancia
de sus casas. Y las condiciones en la que viven son ‘infrahumanas’:
celdas sucias entre cucarachas, alimentación muy escasa y casi sin
tiempo para salir de sus celdas.
Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del
Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante
las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detención de
Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no
supieron nada de él durante cinco días, en los que ni siquiera los
abogados consiguieron hablar con él. Cuando lo encontraron, estaba lleno de moretones y había sido brutalmente torturado.
"Presenté y denuncie ante el comité de la tortura.
Este denunció a Marruecos, pero Marruecos no lo aceptó.” A partir de
aquí, prohibieron a Magin la entrada no sólo a prisión, también a
Marruecos, prohibiendo así al preso Asfari ver a su mujer. “Mi lucha no
es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo
saharaui”, señala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen
haber probado lo mismo: la represión y las detenciones a estos presos
viene por la lucha de liberación del Sáhara frente a la ocupación
marroquí. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos
políticos y en que no se han dado condiciones mínimas para que los
juicios se consideren válidos.